Artículo escrito por Jorge Villena Cárdenes, vocal delegado de Juveucan en Bruselas.
8 de septiembre de 2020, octava ronda de negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El responsable del departamento legal de Reino Unido, Jonathan Jones, presenta su dimisión por sugerir que el primer ministro británico Boris Johnson iba a infringir intencionadamente varios puntos del acuerdo de salida.
El divorcio entre la Unión Europea y Reino Unido ha llegado a su punto más candente. Y aunque no es la primera vez que uno se hace eco de este tipo de afirmaciones, esta vez parece ser la más evidente.
La polémica Ley de Mercado Interior otorga potestades a Reino Unido para tomar decisiones sobre los impuestos en exportaciones de algunos productos de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, cuando en el acuerdo de salida ambas partes pactaron la creación de un comité conjunto que decidiera sobre esta materia. La posición oficial del gobierno británico, sin embargo, es que "el parlamento es soberano en lo que respecta a las leyes internas y puede aprobar legislación que contravenga las obligaciones derivadas de tratados”.
Las reacciones de altas personalidades como el Secretario de Estado para Irlanda del Norte o el Fiscal General escocés no se hicieron esperar: han expresado su disconformidad con el gobierno, coincidiendo que se trata de una clara intención de desafiar a la Unión Europea con violar en Derecho Internacional.
Concretamente, Nicola Sturgeon, presidenta del Gobierno de Escocia, pretende celebrar un referéndum de independencia en 2021, y recordamos que, en 2014, el 45% de los escoceses votó a favor de la de la separación. Dichas cifras se han multiplicado en las encuestas actuales, y Johnson no hace nada más que darles motivos para ello.
La Unión Europea dio de plazo a Reino Unido hasta finales de septiembre para retirar la Ley de Mercado Interior, sin éxito. La fecha límite parecer ser el 15 de octubre. De no llegarse a un acuerdo sobre el comercio, podría surgir el caos en las fronteras el 1 de enero de 2021. Y empresas de ambas partes podrían perder cuantiosas sumas de dinero ante nuevas represalias burocráticas. La confianza está bajo mínimos en Bruselas en relación con el Gobierno de Boris Johnson y las negociaciones para alcanzar un acuerdo para después del Brexit. Así, la UE sospecha que el Reino Unido se niega a ceder en los asuntos más conflictivos, como el acceso de flota pesquera comunitaria en aguas británicas o el dumping financiero, hasta el último momento, a fin de sacar la mayor ventaja de la actual negociación.
Este panorama le puede salir caro a Johnson. Y, por supuesto, ahora que Bruselas ha puesto en marcha el procedimiento de infracción frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el prestigio internacional del actual gobierno británico se ha visto muy dañado, de tal manera que los terceros estados van a desconfiar a la hora de realizar acuerdos comerciales con un gobierno que ha faltado a su palabra. En general, un Brexit que resulta cansino para todos, y en el que reina la falta de empatía en estos tiempos en el que se avecina una crisis de valores y principios.