Artículo escrito por Joaquín González, secretario de Juveucan.
Desde hace ya bastante tiempo el fenómeno migratorio viene siendo un dolor de cabeza constante dentro del seno político europeo y que afecta a la Unión Europea por igual y a su imagen como institución.
La problemática migratoria europea tuvo su auge en el año 2015 cuando se alcanzó el pico de entrada de inmigrantes irregulares, principalmente por la ruta del Mediterráneo oriental y donde se alcanzó la cifra de más de 1.000 muertes en una semana intentando pisar suelo europeo. Fue en ese momento en el que la campaña ciudadana “welcome refugees” se abrió paso frente a las opiniones y actuaciones contrarias a la acogida de inmigrantes, y en parte, como movimiento reivindicatorio de los valores y de la solidaridad europea.
Solventada con parches la crisis del 2015 gracias a acuerdos con terceros países, sobre todo con Turquía, el año pasado volvieron a sonar los tambores mediáticos con la situación del Open Arms, el barco de rescate en donde tras rescatar a inmigrantes del Mar Mediterráneo, se le negó el atraque y desembarque en Italia. Ese acontecimiento reavivó el debate y puso el foco de atención en los que no conseguían llegar a ser rescatados y perecían en el Mediterráneo, sacando los colores a una Unión Europea incapaz de dar una respuesta adecuada y rápida.
Actualmente y en medio de la pandemia por la Covid-19, siguen llegando noticias en esta materia como el incendio de Moria en la isla de Lesbos o picos de inmigración como es el caso de Canarias, territorio el cual ha visto aumentado un 573% el número de llegadas de inmigrantes en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior. Estos nuevos picos preocupan a la Unión Europea, así lo demuestra la visita de la Comisaria de Interior de la UE Ylva Johansson, junto con el Ministro del Interior de España, Grande-Marlaska, a Mauritania el pasado 18 de septiembre.
En consonancia con las competencias atribuidas a la Unión Europea, y con lo previsto en los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), este 23 de septiembre la Comisión Europea presentó un nuevo plan sobre migración y asilo buscando dar una mejor respuesta, coordinación y sobre todo incentivar la solidaridad entre los estados miembros.
Esta llamada a la solidaridad no significará una obligación en el reparto de cuotas de acogida de inmigrantes entre los estados, sino que en caso de que un estado miembro sufra un periodo de intensidad migratoria, los demás estados pueden elegir entre acoger migrantes, participar en las deportaciones, o apoyar operativa o logísticamente al estado miembro afectado. En el supuesto de una situación de emergencia o de gravedad, podrán elegir entre acogida o realizar deportaciones.
Por ello la Comisión Europea propone una solidaridad necesaria y un control de fronteras más eficaz, dejando a los estados miembros elegir como reaccionar ante el problema migratorio, cediendo en parte por el posible bloqueo en la aprobación de este nuevo pacto migratorio de algunos países de la UE más reticentes ante una solidaridad forzosa. En palabras de Ursula von der Leyen en el discurso sobre el Estado de la Unión, “Migration is a European challenge, and all of European must do its part.” La Unión Europea debe implicarse y garantizar un buen funcionamiento de las fronteras y brindar a los que llegan un trato humano y decente acorde a los valores y derechos europeos.
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